Altavoz Abierto | Las obras no tienen partido, tienen consecuencias
Hay una escena que se repite demasiado en México: cambia el gobierno y parece que también cambia la memoria.
Carreteras a medias, edificios sin terminar, proyectos detenidos y estructuras que poco a poco se convierten en parte del paisaje. Obras en las que ya se gastó dinero público, pero que dejan de avanzar porque fueron concebidas, contratadas o iniciadas durante otra administración.
Y mientras los gobiernos discuten quién comenzó qué, el ciudadano sigue esperando.
Por eso resulta relevante lo ocurrido con la carretera Mante-Ocampo-Tula.
Cuando Américo Villarreal Anaya asumió el Gobierno de Tamaulipas en octubre de 2022, recibió una obra que llevaba varias administraciones sin concluir.
Podía simplemente dejarla ahí y responsabilizar al pasado.
En cambio, tomó una decisión distinta: ordenó revisar el proyecto para saber si todavía era posible rescatarlo y terminarlo.
Ese detalle importa.
Porque gobernar también significa decidir qué hacer con aquello que otros dejaron pendiente.
La instrucción del gobernador fue establecer un periodo de tres meses para revisar el contrato y las condiciones de la obra. Se incorporaron especialistas, particularmente expertos en túneles, y después del análisis técnico se determinó que el proyecto podía continuar.
Hacia el cuarto mes, los trabajos habían vuelto a comenzar.
Más allá de la carretera, la decisión plantea una forma de entender la administración pública: *antes de desechar, revisar; antes de abandonar, evaluar; y si técnicamente es posible continuar, avanzar.*
Eso debería ser completamente normal.
Pero durante años nos acostumbramos a otra cosa.
Cada nueva administración quería construir su propio legado. Lo iniciado por otros perdía prioridad y muchas obras terminaban convertidas en monumentos al cambio de gobierno.
Por eso la decisión tomada por Américo Villarreal en este proyecto merece ser observada desde otra perspectiva.
No se trataba de preguntarse quién había comenzado la carretera.
La pregunta era mucho más útil:
¿Todavía podemos terminarla?
La respuesta técnica fue sí.
Y entonces se tomó la decisión de continuar.
Ahí existe una diferencia importante entre gobernar pensando únicamente en la siguiente fotografía y hacerlo pensando en la utilidad de una obra pública.
Porque el dinero invertido en una carretera no pertenece al gobierno anterior ni al actual.
Pertenece a los ciudadanos.
Una obra abandonada representa estudios, contratos, maquinaria, materiales, tiempo y recursos públicos que ya fueron invertidos.
Por eso recuperar aquello que todavía puede funcionar también puede ser una decisión de responsabilidad administrativa.
La Mante-Ocampo-Tula deja una enseñanza sencilla: la continuidad también puede ser una forma de gobernar.
Américo Villarreal decidió revisar antes de desechar y continuar cuando los especialistas determinaron que existían condiciones para hacerlo.
Y quizá esa debería ser una regla mucho más frecuente en la administración pública.
Menos primeras piedras.
Menos proyectos que comienzan desde cero solamente porque cambió el gobierno.
Más evaluación.
Más continuidad.
Más obras terminadas.
Porque una carretera no sabe quién gobierna.
Tampoco sabe quién colocó la primera piedra.
Lo que sí sabe el ciudadano es si puede utilizarla.
Y al final esa debería ser la medida más importante de cualquier obra pública: que funcione, que se termine y que sirva.
