Américo Villarreal impulsa certificación de 41 centros de rehabilitación en Tamaulipas; modelo llegará al país en 2027
Tamaulipas
El modelo de regularización de centros de rehabilitación de adicciones implementado en Tamaulipas será replicado en otras entidades del país a partir de 2027, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) reconociera los avances de la estrategia estatal.
Durante un acto encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, autoridades federales y estatales entregaron certificados a 41 establecimientos ubicados en Altamira, El Mante, Tula, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria. Los centros forman parte de la primera etapa del programa, que busca mejorar las condiciones sanitarias, administrativas y de atención de estos espacios.
Carlos Alberto Aguilar Acosta, comisionado de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, informó que la experiencia de Tamaulipas servirá como referencia nacional. La estrategia se distingue por promover el acompañamiento institucional para que los establecimientos identifiquen áreas de oportunidad y avancen en el cumplimiento de los requisitos necesarios para brindar servicios adecuados.
El secretario de Salud estatal, Ricardo Guerrero Morales, detalló que se han identificado cerca de 100 centros de rehabilitación en la entidad y que en el programa participan 14 dependencias. La coordinación incluye acciones relacionadas con la salud, la asistencia social, los trámites administrativos y la protección civil.
Por su parte, Villarreal Anaya informó que la primera fase cuenta con una inversión de 12 millones de pesos y reiteró el respaldo de su administración para dar continuidad al proceso. El objetivo es fortalecer la atención profesional y humanizada, así como favorecer la recuperación y la reintegración social de las personas que enfrentan problemas de adicciones.
Con la proyección de extender este esquema a nivel nacional en 2027, Tamaulipas se convierte en un referente para una política pública que busca mejorar las condiciones de operación de los centros de rehabilitación mediante la coordinación entre autoridades y responsables de los establecimientos.
