Proponen programas y políticas para combatir el bullying en México
Iniciativa del PRI busca modificar la Ley General de Educación para proteger a niñas, niños y adolescentes
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para adicionar varios artículos a la Ley General de Educación con el fin de atender el bullying como una responsabilidad compartida entre el Estado, padres y tutores. La propuesta, presentada el 7 de diciembre de 2025, establece que el Estado debe priorizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, garantizando programas y políticas públicas para prevenir y atender el acoso escolar.
Detalles de la iniciativa y definición de bullying
Ana Isabel González González, diputada priista, explicó que la iniciativa adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies a la Ley General de Educación. En estos artículos se define el bullying como cualquier forma reiterada de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida por un estudiante hacia otro con la intención de intimidar, excluir o causar daño.
La propuesta también contempla que los padres o tutores tengan obligaciones claras, como participar en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar, colaborar en la corrección de conductas y garantizar que sus hijos reciban atención psicológica cuando la autoridad escolar lo indique.
Sanciones para padres o tutores
En caso de que un estudiante incurra en conductas de bullying, la propuesta establece sanciones progresivas para los padres o tutores:
- Primera reincidencia: amonestación y obligación de asistir a cursos de parentalidad positiva.
- Segunda reincidencia: multa económica proporcional al ingreso familiar.
- Tercera reincidencia: canalización obligatoria a instancias de procuración de justicia para evaluar medidas de protección y responsabilidad parental.
González González enfatizó que las sanciones deben ser proporcionales, respetar el interés superior de la niñez y evitar la criminalización de menores.
Coordinación interinstitucional y contexto de la problemática
La iniciativa también señala que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, establecerá los lineamientos para la aplicación de estas medidas.
En la exposición de motivos, la diputada recordó que el bullying es una de las principales causas de deserción escolar en la educación básica y genera impactos negativos en el rendimiento académico, además de consecuencias psicológicas severas y un aumento en la violencia juvenil.
El acoso escolar abarca agresiones físicas, verbales, psicológicas y digitales, caracterizadas por su repetición y un desequilibrio evidente de poder entre agresor y víctima, lo que agrava la vulnerabilidad de quienes lo sufren.
Aunque la Ley General de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen el derecho a vivir sin violencia, no detallan la responsabilidad parental en estos casos, lo que motiva la presente regulación para cerrar vacíos legales y proteger el desarrollo integral de los menores.
Para más información sobre derechos infantiles y protección, puede consultarse el sitio oficial del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF.
Con esta iniciativa, el PRI busca crear un marco legal que garantice entornos escolares seguros, donde docentes y estudiantes cuenten con herramientas para identificar y enfrentar el bullying, promoviendo una cultura de respeto y convivencia pacífica. La propuesta fue enviada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.
